Por: CyberNews
EL CAPITOLIO -El Senado aprobó hoy , el informe del Comité de Conferencia sobre el Proyecto del Senado 1301, que trata sobre el arbitrio del petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y productos terminados derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos, conocido como “la crudita”.
El presidente de Senado, Eduardo Bhatia, dijo en un comunicado de prensa que la enmienda consiste, en aquellos casos, en el que se está garantizando un préstamo por cierta cantidad de dinero, y se produce una reducción en el consumo de gasolina, se autoriza realizar un aumento o ajuste para garantizar esa cantidad de dinero.
“Si por el contrario aumenta la demanda en el consumo, entonces se autoriza una rebaja o ajuste, para equiparar el pago que se estaba realizando”, sostuvo el líder senatorial.
De otra parte, el Alto Cuerpo dio por recibido el primer informe parcial de la Resolución del Senado 843, que dispone que la Comisión Especial tiene la responsabilidad de examinar en detalle cómo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) maneja la compra de petróleo, tanto en su aspecto normativo como procesal.
El portavoz del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres Torres, informó que entre los contratos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) figuró uno con Petrowest Inc., en el que para los años fiscales 2009, 2010 y 2011, Petrowest rindió, en su declaración de volumen de negocio, a los municipios con Peñuelas y Mayagüez, a razón del 0.4 por ciento de la cantidad de combustible que recibían. Ese 0.4 por ciento, según dijo, acordado para el pago de patentes municipales por la venta del producto que maneja Petrowest, le fue pagado a estos dos municipios. La compañía envió la factura a la AEE por la cantidad de combustible que le vendió en esos años y como el propio contrato le exige que tiene que desglosar el pago de patentes en una línea aparte, Petrowest le suma un 0.2 por ciento adicional a lo pagado a los municipios. Pero, le facturó a la AEE un por ciento por encima de lo que le pagó a los municipios.
“Eso, sin duda alguna, representa una apropiación ilegal de fondos públicos. Se apropiaron ilegalmente de 1.4 millones. En tres años, esta compañía le facturó cerca de $3 mil millones a la AEE. El caso fue referido al Departamento de Justicia para la acción correspondiente”, dijo Torres en un parte de prensa.