Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN – La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, informó este miércoles que el secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, aceptó su solicitud para que se excluya el resultado de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) de la evaluación anual que la agencia somete a los maestros y maestras.

De esta forma, Educación no considerará el resultado de esas pruebasen la evaluación de los educadores del sistema público de enseñanza.

Se indicó en un comunicado de prensa que la agencia, a través de Román Meléndez, había anunciado que del total de la evaluación al maestro, un 20 por ciento estaría dirigido exclusivamente a los resultados de los estudiantes en las pruebas de PPAA.

“Tras conversaciones con el secretario, hoy nos confirmó que aprobó la propuesta de la Asociación para separar los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de la evaluación. Agradecemos a Román Meléndez por esa gestión”, expresó la líder magisterial.

“Esos resultados no estarán atados a la evaluación ni tendrán repercusiones en ella. El desempeño del estudiante y el maestro no puede ser evaluado con una sola prueba al año”, agregó.

De igual forma, la profesora explicó que la organización que dirige no fomenta el que los maestros se nieguen a cumplir con las PPAA, exámenes a los que se someterán miles de estudiantes en las próximas semanas.

Díaz recordó, por otra parte, que la Ley 149, según enmendada, establece las funciones del maestro y a las sanciones a las que está expuesto, entre ellas, no cumplir con los estatutos que gobiernan el sistema público. Asimismo, reiteró que las tareas del educador incluye, según el documento de la descripción del puesto (D16), cumplir con las normas que rigen el programa, planificar su labor en el salón de clases y el desarrollo de estudios relacionados a los cursos.

“Es irresponsable por parte del liderato magisterial exponer a los educadores a una sanción disciplinaria por rechazar ofrecer esos exámenes. Negarse a administrar una prueba tiene consecuencias y ese no es nuestro estilo. Nuestro deber es defender a los maestros, no colocarlos en situaciones difíciles”, puntualizó la presidenta de la AMPR.

“Cuestionamos por qué administrar una prueba que no se justifica para nada, a excepción de hacerle más daño al sistema. Ahora, los padres tendrán que evaluar si permiten que sus hijos se sometan a unos exámenes que son objetados por los maestros y que en nada abonan al sistema educativo”, finalizó.